Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y, a eliminar la discriminación por razón de sexo.
¿Son obligatorios los planes de igualdad para todas las empresas?
Cabe señalar que los mismos son obligatorios en todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores, siendo el periodo de vigencia o duración, que será determinado, en su caso, por las partes negociadoras, no superior a cuatro años.
¿Cómo deben ser negociados?
En cuanto a su negociación, éstos deben ser negociados con los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores que acrediten la legitimación exigida por el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, ya que, así lo requiere el artículo 85.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Incumplimiento de la implementación de los planes de igualdad
Por otro lado, es importante poner de relieve que las infracciones en caso de incumplimientos en dicha materia pueden ser catalogadas como graves o muy graves, pudiendo conllevar multas de 751 € a 7.500 € en caso de faltas graves y de 7.501 € a 225.018 € en las multas por infracciones muy graves.
En los últimos años, dichos instrumentos están adquiriendo una relevancia cada vez mayor. De este modo, las consecuencias del incumplimiento por parte de las empresas que estén obligadas a tener un plan de igualdad ya no sólo van a alcanzar a las multas que pueda imponer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino que, a partir del pasado 1 de septiembre, se sumaría la imposibilidad de beneficiarse de las bonificaciones a la contratación, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.
Ayudas a la contratación en el marco de los planes de igualdad
Así, en el marco de los planes de igualdad, las empresas pueden acceder a ayudas a la contratación, pero deberán registrar de manera obligatoria los mismos en el registro público, el REGCON, para poder acceder a las ayudas específicas.
No obstante, cabe destacar que las empresas podrán perder las ayudas que se les concedan si, por ejemplo, no mantienen el empleo de aquellas personas que hayan sido contratadas mediante las bonificaciones, por lo que tendrán que mantener el empleo de los contratos bonificados durante tres años como mínimo.
Por último, también se prevén excepciones como el hecho de que las empresas no tengan que devolver las ayudas que han recibido, por ejemplo, cuando realicen despidos disciplinarios y por causas objetivas que no hayan sido declarados o reconocidos como improcedentes, así como despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho. Además, para evitar la tendencia del despido sin coste en periodos de prueba, las empresas se atendrán a la exclusión de estos incentivos.
