A raíz de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, en España se introdujo la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, por actuaciones delictivas cometidas por representantes legales y administradores en nombre y beneficio de aquéllas, o por trabajadores sobre los que se ha ejercido el control.

Esta reforma, además de suponer un profundo cambio legislativo, pretende implantar en el sistema normativo español modelos provenientes de países como Estados Unidos, en los cuales hay una regulación empresarial de menos grado que en Europa y es necesario un tipo de figura jurídica como órgano de control.

Para evitar cualquier tipo de condena por parte de la administración, es necesario que las empresas españolas independientemente de su tamaño realicen un plan de prevención de riesgos penales, igual que ocurre con respecto al plan de prevención de riesgos laborales, es por ello que en Bufete Casadeley nos encargamos de analizar, detallar y realizar un plan de prevención de esta naturaleza.

Recientemente parte del equipo de bufete Casadeley ha realizado asesoramiento integral, que permite a sus clientes enfrentarse a los nuevos retos legales en materia de cumplimiento, en cualquiera de sus áreas.